La casa Sucar no forma parte de los bienes protegidos por la ley de Patrimonio; además, pertenece a la empresa Viluco SA, que tramita desde 2012 la demolición del inmueble de calle Salta al 500 y proyecta allí un emprendimiento privado. Sin embargo, los defensores de la histórica casona siguen buscando alternativas para “salvarla”.

El ciudadano Fortunato Carlos Duguech y el dirigente radical Raúl Ernesto Moreno plantearon una acción de amparo por mora contra el Poder Legislativo, y solicitaron a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dicte una cautelar de no innovar “a fin de evitar la demolición” de la casa Sucar.

Según la demanda, resolvieron litigar contra la Legislatura porque “se encuentra pendiente de resolución el expediente administrativo 6.063/232/2013”, referido a “la declaratoria como patrimonio cultural y arquitectónico de la Provincia del inmueble ubicado en calle Salta 532”. Ese trámite, iniciado por Mesa de Entradas del cuerpo parlamentario, recuerda que la propiedad figura “en el inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial” fijados por la ordenanza municipal 1.793 de 1991.

Este planteo se suma a otros intentos por evitar que la edificación -levantada en 1923 por la familia Barbieri- sea derribada. Esta semana, el intendente de la capital, Germán Alfaro (ApB), anunció que propondrá a la firma Viluco SA una permuta por la ex sede de la Dirección de Tránsito, ubicada en calle Buenos Aires primera cuadra. Si la empresa rechaza la oferta, se solicitará al Concejo Deliberante una sesión especial en enero o febrero para que otorgue el permiso para la venta, vía licitación pública, de la ex Dirección de Tránsito. Con el dinero de esa operación, estiman en la Intendencia, podrían solventar la expropiación de la vieja casona de Salta al 500.

Entre fallos y proyectos

En junio pasado, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, dio lugar a un planteo de Viluco SA e instó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a que se expida sobre el pedido de demolición formulado hace más de cuatro años. Además, se le dictó a la Intendencia una multa progresiva de $ 1.000 por día hábil desde el 7 de julio pasado, hasta tanto se cumpla con lo exigido.

En la semana, el gobernador, Juan Manzur, sostuvo que el Poder Ejecutivo (PE) no tiene planes de expropiar la casa Sucar.

El miércoles, en la sesión de Legislatura, el bloque radical solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que había sido presentado en junio pasado, y que apuntaba a la expropiación de la vieja casona para habilitar allí una casa de la cultura para artistas emergentes. La bancada oficialista rechazó el debate de la iniciativa, alegando que no estaba dentro del temario y que merecía un estudio más profundo. Grupos dedicados a la defensa de los bienes culturales y arquitectónicos de interés cultural abuchearon a los oficialistas por esa decisión.

La vía judicial

Como la posibilidad de una permuta por la ex Dirección de Tránsito no es una solución asegurada para la cuestión que les aflige, Duguech y Moreno concurrieron a la Sala I del fuero contencioso, que integran Horacio Castellanos y Salvador Ruiz.

Los actores solicitaron una cautelar para que la Municipalidad se abstenga de autorizar el derribo de la construcción y para que la Legislatura “se expida sobre la solicitud de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Provincia (CPCP) en cuanto a la declaración de la casa Sucar como patrimonio provincial”. “Esta medida tiende a ratificar la custodia y a preservar el valor paisajístico, antropológico y arquitectónico” del histórico inmueble, aseguraron Duguech y Moreno. Recordaron que, según especialistas, “sus valores son indiscutibles”. “Ya en 1987 el edificio había sido inventariado en la estricta selección realizada para el libro ‘El patrimonio arquitectónico de los argentinos’, editado por la Sociedad Central de Arquitectos y por el Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y Urbanismo”, agregaron los demandantes. Citaron además una serie de expedientes en los cuales distintas instituciones y ciudadanos solicitaban el resguardo de la vieja casona. “En Argentina y en Tucumán existe jurisprudencia que avalaría un reclamo de tipo patrimonial. Estos antecedentes ratifican la concepción jurídica de que no sólo están protegidos aquellos edificios que cuentan con una ley específica, sino también los que son reconocidos por la sociedad como tal y además integran algún registro especializado”, sostuvieron Duguech y Moreno en la demanda.